Como académico mexicano que ha dedicado años al estudio de la filosofía política, el derecho internacional y la economía institucional, debo expresar una posición que refleja mi profundo compromiso con la libertad, la dignidad humana y el derecho de todos los pueblos a autodeterminarse. El sufrimiento del pueblo venezolano es real, documentado y desgarrador: millones de personas han visto destruidas sus vidas, sus esperanzas, sus futuros. Cada cifra de mortalidad infantil, cada caso de desnutrición, cada migrante forzado representa una tragedia humana que nos interpela moralmente a todos. Como mexicano que ha presenciado cómo intervenciones extranjeras históricamente han debilitado nuestras propias instituciones y vulnerado nuestra soberanía, reconozco que el pueblo venezolano merece libertad, pero una libertad conquistada por sus propias manos, a través de mecanismos democráticos legítimos y no impuesta por potencias foráneas que, aunque declamen buenas intenciones, erosionan el derecho internacional que algún día podría proteger también a México de abusos similares. La resiliencia del pueblo venezolano—su capacidad de resistir, su creatividad para sobrevivir en condiciones extremas, su lucha incesante por dignidad—es admirable y debe ser el fundamento de cualquier reconstrucción futura. Creo firmemente que una transición democrática genuina en Venezuela solo será duradera y legítima si emerge de la voluntad de los propios venezolanos, facilitada por comunidad internacional respetando derecho internacional, no impuesta por intervención militar unilateral. Mi solidaridad con el pueblo venezolano no está condicionada a apoyar métodos ilegales; al contrario, precisamente porque respeto profundamente al pueblo venezolano y sus derechos, insisto en que merece transición democrática construida sobre bases legales sólidas, que le garantice no solo cambio de régimen sino transformación institucional duradera que honre su sufrimiento y dignidad histórica.
Hago un análisis que integra perspectivas jurídicas, económicas y filosóficas sobre los eventos recientes en Venezuela con el objetivo de revelar una situación de complejidad moral y política sin precedentes en la región. El presente análisis, está fundamentado en fuentes de investigadores reconocidos internacionalmente, busca trascender la polarización ideológica para examinar críticamente tanto la realidad interna venezolana como la intervención estadounidense que se ha acelerado bajo la administración Trump.
La Realidad del Colapso Económico Venezolano: Causas Estructurales vs. Factores Externos
Venezuela experimentó, entre 2013 y 2020, una contracción económica del 70%, cifra comparable únicamente a las economías devastadas por guerras civiles en la historia moderna postbélica. Este colapso no puede atribuirse unilateralmente a sanciones externas. Los investigadores coinciden en identificar causas estructurales profundas: la excesiva dependencia de ingresos petroleros—que representaban más del 90% de los ingresos de exportación—, la politización sistemática de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la implementación de controles de precios que generaron escasez generalizada, la erosión de derechos de propiedad, y políticas fiscales insostenibles que financiaban gasto público mediante emisión monetaria.
Durante la bonanza petrolera de 2003-2012, el gobierno no estableció fondos anticíclicos ni acumuló reservas de divisas. Cuando los precios del petróleo colapsaron en 2015-2016, la economía carecía de amortiguadores para absorber el shock externo. La producción petrolera cayó de 3 millones de barriles diarios en 2012 a menos de 400,000 en 2023. Sin embargo, esta caída acelerada coincidió temporalmente con la implementación de sanciones estadounidenses a partir de 2017.
Reconocimiento de lo positivo: La comunidad internacional tenía legítimas preocupaciones sobre la conducta del régimen de Nicolás Maduro. Desde 2014, organizaciones de derechos humanos documentaron represión sistemática, ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)—con más de 5,287 muertes en 2017—, y violaciones masivas de derechos humanos. La Corte Penal Internacional inició investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La legitimidad electoral del gobierno era contestada: el proceso electoral de 2018 fue ampliamente boicoteado, las bases electorales no se actualizaban, y partidos de oposición fueron excluidos. Estos hechos establecen una base moral legítima para la preocupación internacional.
Crítica constructiva de la respuesta: No obstante, la estrategia implementada demostró ser contraproducente incluso en sus propios términos. Los estudios econométricos revisados por el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) encontraron que 30 de 32 investigaciones concluyeron que las sanciones económicas generaron efectos negativos severos en el ingreso per cápita, pobreza, desigualdad, mortalidad infantil y derechos humanos en países objetivo. En Venezuela específicamente, las importaciones totales disminuyeron 91% mientras que las de alimentos cayeron 78%. Aunque la crisis existía antes de 2017, las sanciones aceleraron su profundización.
El mecanismo causal es claro: al restringir los ingresos petroleros, las sanciones redujeron la capacidad del país para importar alimentos, medicinas, y bienes de capital para el sector agrícola. Paradójicamente, esto fortaleció el control del régimen sobre recursos escasos, haciendo que la población dependiera aún más de distribuciones gubernamentales. Como señala Alejandro Velasco, historiador especializado en Venezuela: «Esta política [de máxima presión] fortaleció a los allegados de Maduro sobre la mayoría de los venezolanos.» Las sanciones afectaron desproporcionadamente a grupos vulnerables—hogares rurales, de bajos ingresos, encabezados por personas mayores y desempleadas—mientras que funcionarios del régimen con acceso a divisas en mercados negros prosperaron.
La Intervención Militar: Violación del Derecho Internacional y Precedentes Peligrosos
En enero de 2026, la administración Trump ejecutó una intervención militar directa en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y declarando que Estados Unidos «gestionaría» el país hasta lograr una transición ordenada. Esta acción requiere análisis riguroso desde la perspectiva del derecho internacional.
Violaciones legales documentadas:
Tres destacados expertos en derecho internacional consultados por The Guardian concluyeron unánimemente que la operación viola el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que «los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.» Geoffrey Robertson, fundador de Doughty Street Chambers y presidente del tribunal de la ONU para crímenes de guerra en Sierra Leona, clasificó la intervención como «crimen de agresión»—el mismo delito que el Tribunal de Nuremberg designó como «el crimen supremo, el peor de todos.»
Estados Unidos argumentó potencialmente que actuaba en «legítima defensa» contra una supuesta amenaza narcoterrorista representada por Maduro. Sin embargo, los expertos señalaron que: (a) no existe amenaza inmediata que justifique defensa unilateral bajo derecho internacional; (b) una intervención humanitaria legítima hubiera requerido una resolución de la Asamblea General de la ONU invocando el principio de «Responsabilidad de Proteger» (R2P), que la comunidad internacional probablemente hubiera apoyado; y (c) la vía legal estaba disponible pero fue deliberadamente rechazada en favor de acción unilateral.
El jurista especializado Jaime Abedrapo concluyó que «Estados Unidos lo viola en todas sus manifestaciones» según derecho internacional. Esto genera una paradoja inquietante: una intervención motivada ostensiblemente por restaurar democracia y derechos humanos procede por métodos que erosionan el marco legal internacional que protege precisamente esos valores.
El precedente sistémico:
La decisión de actuar unilateralmente es particularmente preocupante porque normaliza la intervención militar como herramienta de política exterior. Un análisis de The Conversation advierte que «esta acción refuerza la noción de una presidencia dominante que actúa sin necesidad de consentimiento del Congreso, respaldo legal o escrutinio mediático.» Con los controles y equilibrios significativamente debilitados, la administración Trump presenta esta intervención como materia urgente de seguridad.
El Corolario Trump y la Resurrección del Imperialismo Regional
La intervención venezolana no existe en aislamiento. Forma parte de una estrategia más amplia articulada como el «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe—una invocación explícita de las teorías imperialistas del siglo XX que justificaron intervenciones estadounidenses en Honduras (1911), República Dominicana (1965) y Chile (1973), entre otras.
La Doctrina Monroe de 1823, originalmente concebida como protección contra el colonialismo europeo, fue transformada por Theodore Roosevelt en 1904 en justificación para intervención «preventiva» estadounidense en asuntos internos latinoamericanos bajo pretexto de «irregularidades flagrantes y crónicas.» El «Corolario Trump» reactualiza esta lógica para el siglo XXI, redefiniéndola no como protección contra potencias extracontinentales sino como negación de influencia china y rusa en el hemisferio occidental.
Dimensión geopolítica: El Secretario de Estado Marco Rubio ha articulado explícitamente que la región es crítica para contener a China, abordar la inmigración, y combatir enemigos ideológicos, advirtiendo que «los países que colaboren serán recompensados; los que no, enfrentarán el poder de Estados Unidos.» Esta formulación explícita del poder coercitivo como instrumento de política exterior constituye un retorno a la lógica del «Gran Garrote» rooseveltiano.
China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina con 518.470 millones de dólares en comercio en 2024, consolidando una presencia que no puede ser desvinculada mediante coerción militar. La administración Trump busca forzar una reorientación hemisférica mediante amenazas comerciales (aranceles del 25% a México y Canadá) y demostración de capacidad militar.
Crítica filosófica sobre la soberanía: Desde una perspectiva de filosofía política, la intervención plantea interrogantes profundos sobre autodeterminación. El principio de autodeterminación de los pueblos, establecido en la Carta de la ONU y reafirmado en la Declaración sobre la Independencia de Países y Pueblos Coloniales, implica que los pueblos tienen derecho a elegir su forma de gobierno sin interferencia externa, incluso si esa elección resulta en gobiernos que los países poderosos consideran indeseables.
La Sociedad Internacional por la Paz (ISP) formuló acertadamente que «estas intervenciones normalizan aún más la idea de esferas de interés regionales» y «sientan un peligroso precedente para otras regiones… donde las potencias regionales intervienen en asuntos internos de países que no apoyan sus objetivos de política exterior.»
Aspectos Positivos Dignos de Reconocimiento
No obstante las críticas legales y filosóficas, un análisis equilibrado debe reconocer elementos legítimos:
- Realidad de la represión: El régimen de Maduro perpetró documentadamente violaciones graves de derechos humanos. La ONU registró 5,287 ejecuciones por FAES en 2017. Un cambio de régimen que eliminara esta represión tendría mérito humanitario.
- Necesidad de transición democrática: Venezuela requiere restauración de instituciones democráticas, separación de poderes, y garantías de derechos humanos. Una solución política que lograra esto sería beneficiosa.
- Potencial para recuperación económica: La intervención podría, si se gestionara adecuadamente mediante gobernanza temporal limitada y elecciones supervisadas, permitir reconstrucción económica. La experiencia de Europa post-1945 demuestra que ocupación militar temporal puede preceder transiciones exitosas si se implementan correctamente.
- Mejoras macroeconómicas recientes: Antes de la intervención, Venezuela había logrado moderación inflacionaria (548% en 2024 vs. 130.060% en 2018) mediante dolarización de facto y restricción fiscal.
Críticas Constructivas a la Ejecución y Alternativas
Aunque una transición política es necesaria, la metodología empleada es problemática en al menos cinco dimensiones:
1. Consecuencias humanitarias predecibles: La literatura académica predice consecuencias humanitarias negativas de intervenciones unilaterales. Las ocupaciones militares generan desplazamientos civiles, disrupciones en servicios públicos, e inseguridad. En Afganistán e Irak, intervenciones con objetivos similares resultaron en décadas de inestabilidad. Venezuela, con 7 millones de migrantes ya desplazados internamente, enfrenta riesgos sistémicos similares.
2. Delegitimación de instituciones internacionales: La acción unilateral debilita la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General. Como observó Gabriel Boric, presidente de Chile: «Soberanía y derecho internacional no son opcionales.» Si las grandes potencias pueden actuar unilateralmente cuando consideran que sus intereses están en juego, el sistema internacional revierte a anarquía de poder, erosionando protecciones para estados pequeños.
3. Riesgo de consolidación de poder autoritario alternativo: Intervenciones militares frecuentemente generan fragmentación de autoridad, con facciones militares compitiendo por poder. En lugar de democracia, Venezuela podría ver un régimen militar o una junta con legitimidad aún menor que Maduro.
4. Exclusión de actores domésticos moderados: La solución no incluyó negociaciones entre gobierno y oposición moderada, como las facilitadas por Noruega en periodos anteriores. Actores como Henrique Capriles (candidato presidencial 2012-2013 y moderado) fueron marginados en favor de intervención directa.
5. Impacto regional destabilizador: Colombia y Brasil, gobiernos democráticos cuyo apoyo es esencial para estabilidad regional, expresaron preocupación sobre violación de derecho internacional. México, a través de su Cámara de Diputados, condenó la intervención. Esta erosión de coaliciones regionales debilita capacidad de gobernanza continental.
Hacia una Perspectiva Constructiva: Alternativas Viables
Una política verdaderamente orientada a derechos humanos y democracia hubiera seguido ruta alternativa:
Fase 1 – Diplomacia multilateral: Impulsar resolución de Asamblea General ONU invocando Responsabilidad de Proteger, con investigación de crímenes de lesa humanidad por Corte Penal Internacional y demanda de transición democrática supervisada internacionalmente.
Fase 2 – Condicionamiento selectivo: Mantener sanciones dirigidas a funcionarios específicos (congelación de activos, restricciones de viaje) mientras se liberaban gradualmente sanciones sectoriales a cambio de reformas democráticas verificables, permitiendo que la economía comenzara a recuperarse.
Fase 3 – Mediación facilitada: Apoyo a negociaciones entre gobierno y oposición moderada bajo auspicios de países neutral (Noruega, Uruguay, Costa Rica), con garantías de transición ordenada y elecciones supervisadas.
Fase 4 – Reconstrucción institucional: Asistencia técnica para restauración de instituciones democráticas sin ocupación militar, incluyendo reformas del Banco Central, judicatura independiente, y estado de derecho.
Este enfoque hubiera requerido mayor paciencia diplomática pero habría mantenido legitimidad internacional y evitado precedente peligroso.
Conclusión: Tensiones Irreconciliables y Responsabilidad Ética
La situación de Venezuela representa una tensión profunda entre valores frecuentemente en conflicto: el derecho a la autodeterminación de los pueblos versus la responsabilidad internacional de proteger a poblaciones de crímenes graves; la soberanía nacional versus la necesidad de transiciones democráticas; y el pragmatismo geopolítico versus la observancia de derecho internacional.
No existe solución que satisfaga simultáneamente todos estos valores. Sin embargo, la teoría política y el derecho internacional han desarrollado marcos—el R2P, los procesos de transición facilitados internacionalmente, la jurisdicción penal universal—que intentan equilibrar estas tensiones. La intervención de Trump, al rechazar estos marcos en favor de acción unilateral, escogió la opción que maximiza corto plazo poder estadounidense pero minimiza legitimidad sistémica.
La paradoja histórica: Una intervención justificada nominalmente por restaurar democracia erosiona el orden democrático internacional. Una intervención motivada por humanitarismo produce consecuencias humanitarias predecibles dañinas. Una intervención presentada como temporal porta riesgos de ocupación prolongada.
Desde perspectiva filosófica, esto refleja una crisis más amplia en la gobernanza global: la incapacidad de instituciones multilaterales de actuar efectivamente ha generado tentación de potencias unilaterales actúen. Pero la solución no es permitir que potencias unilaterales sustituyan derecho internacional; es reforzar mecanismos multilaterales para que sean más ágiles, legítimos y eficaces.
Para académicos, legisladores y ciudadanos comprometidos con democracia, derechos humanos y estado de derecho, la lección es inquietante: el fin justiciero no justifica medios ilegales cuando alternativas viables existían. La violación del derecho internacional por potencias poderosas, incluso en nombre de objetivos nobles, sienta precedentes que eventualmente serán invocados para justificar agresiones contra intereses que consideramos sagrados.
Venezuela necesita transición democrática. Pero una transición construida sobre violación del derecho internacional será más frágil, menos legítima, y más inestable que una alcanzada mediante mecanismos multilaterales. La historia juzgará no solo si el cambio ocurrió, sino cómo ocurrió.
Referencias:
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El Diario. (2026). Qué dice el derecho internacional sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela.
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Mundo Obrero. (2026). América Latina bajo la Doctrina Monroe en el siglo XXI.
Carpe Diem Project 
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