Como profesor que cruza el derecho, la filosofía y la economía, me interesa separar dos preguntas que suelen confundirse: si el voto universal es «democrático» (en el sentido procedimental) y si es un buen mecanismo institucional para gobernar una universidad. Mi tesis es que sí es democrático en apariencia, pero es económicamente ineficiente, filosóficamente confuso sobre qué tipo de comunidad es una universidad, y empíricamente ha producido, en México, algunos de los peores episodios de captura política y clientelismo del sistema de educación superior.
El problema desde la teoría económica
La universidad no es un ayuntamiento ni un parlamento: es una organización cuyo bien producido —conocimiento, docencia, investigación— depende de asimetrías de información severas entre quien vota (la masa estudiantil, que rota cada pocos años y tiene bajísimos incentivos para informarse sobre gestión presupuestal o trayectoria académica de un candidato) y quien debería ser evaluado (méritos académicos, capacidad administrativa, probidad). La teoría de la elección pública predice exactamente esto: cuando el costo de informarse es alto y el beneficio individual de un voto correcto es casi nulo, domina la «ignorancia racional», y el terreno queda libre para quien organice mejor el clientelismo, no para quien tenga mejores credenciales. Sustituir un filtro deliberativo (una junta, un colegio de pares) por una urna masiva no elimina el poder político de la universidad: solo cambia la moneda de cambio, de la negociación en comités a la compra de votos al menudeo.
El problema filosófico-jurídico
Filosóficamente, el voto universal presupone que la universidad es una comunidad de iguales políticos (un cuerpo de ciudadanos), cuando en realidad es —o debería ser— una comunidad epistémica jerarquizada por mérito, con distintos grados de responsabilidad y conocimiento sobre lo que está en juego. Extender el sufragio de «una persona, un voto» sin ponderación alguna entre un estudiante de primer semestre y un investigador con treinta años de trayectoria no es más democracia: es una nivelación que ignora la naturaleza epistémica de la institución. La autonomía universitaria, jurídicamente hablando, existe precisamente para blindar a la universidad de la lógica de la política de masas, no para replicarla internamente.
Cómo lo evitan las grandes universidades
Ninguna universidad de referencia mundial elige a su máxima autoridad por voto universal y directo de toda su comunidad. En Oxford, el Vice–Chancellor es propuesto por un comité de nominación integrado por el Council, representantes de las divisiones académicas y del Congreso de Colegios, y solo después se somete a la ratificación de Congregation, un cuerpo de académicos seniors —no de todos los estudiantes ni del personal— que puede rechazar la propuesta pero no elegir libremente entre candidatos abiertos. En Harvard, el presidente es elegido por la Corporation (un consejo de doce miembros) con el consentimiento del Board of Overseers; ni estudiantes ni profesores votan directamente por quién dirigirá la universidad (The Harvard Crimson; Boston Globe). En Yale, el proceso lo conduce el Board of Trustees, compuesto mayoritariamente por «successor trustees» designados por el propio consejo, con solo un puñado de fellows elegidos por alumni. Y en la UNAM, desde 1945, es una Junta de Gobierno de quince personas —renovada de forma escalonada por el Consejo Universitario— la que designa al rector tras un proceso de auscultación con la comunidad, pero sin que exista jamás una boleta abierta a todo el estudiantado o al personal (Nexos; Milenio). El patrón es consistente: cuerpos colegiados reducidos, deliberativos y responsables, no plebiscitos masivos.
En mi blog de El Fascinante Proceso Electoral del Chancellor (rector) de Oxford: Una Decisión en Manos de sus Egresados señalo que se trata de un proceso electoral exitoso, que combinó la participación de más de 23,000 votantes globales (graduados y congregation) con un sistema de votación alternativo sofisticado, establece un modelo para otras instituciones que buscan equilibrar tradición e innovación. La elección de Hague como el nuevo Chancellor marca el comienzo de una nueva era para Oxford, con un mandato de 10 años que permitirá tanto continuidad como la flexibilidad para adaptarse a los desafíos futuros del panorama educativo global.
El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa
La UAS es el ejemplo mexicano más elocuente, aunque su historia es más matizada de lo que suele contarse y por eso merece precisión. La UAS tuvo voto universal desde 1981, hasta que en 2005 fue elegido rector con ese método Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien al año siguiente lo eliminó por reforma legislativa, concentrando el poder en un Consejo Universitario que él mismo pobló de incondicionales (La Jornada; Revista Espejo). Con esa maquinaria, Cuén fundó el Partido Sinaloense, que llegó a ocupar entre el 63% y el 80% de los cargos y salarios de la institución, según investigaciones periodísticas (Infobae; Proceso).
El dato crítico para esta reflexión es lo que ocurrió cuando, en 2024-2025, el Congreso de Sinaloa restauró por ley el voto universal, directo y secreto con la promesa explícita de «democratizar» a la UAS. El resultado no fue el saneamiento esperado: la propia comunidad universitaria denunció compra de calificaciones a cambio de apoyo electoral, fiestas con alcohol y carne asada para captar votos de bachillerato, y coacción abierta durante el proceso (Debate; La Izquierda Diario). El resultado electoral, además, reeligió a un rector proveniente del mismo grupo político heredero de Cuén, y hacia 2026 la universidad enfrentaba una crisis financiera tan severa que su rector advirtió no poder cubrir la nómina de junio. Analistas de la propia UNAM advirtieron, al aprobarse la reforma, que este mecanismo podía extender prácticas de clientelismo y polarización a otras universidades del país.
La lección honesta no es que «el voto universal creó» el cacicazgo de la UAS —de hecho fue Cuén quien lo abolió para consolidar su poder—, sino algo más incómodo: ni el sistema indirecto ni el sufragio masivo, por sí solos, protegieron a la institución de la captura por una red clientelar. Y cuando la comunidad universitaria carece de reglas de financiamiento de campañas, órganos electorales verdaderamente autónomos y una cultura de rendición de cuentas, el voto universal masivo tiende a magnificar —no a corregir— los mismos vicios: compra de voluntades, presión sobre estudiantes vulnerables (notas, becas) y captura por estructuras partidistas externas a la vida académica.
Reflexión crítica
El voto universal en universidades públicas confunde legitimidad democrática con buen gobierno académico. Las instituciones que mejor han protegido su autonomía y calidad —Oxford, Harvard, Yale, la UNAM— lo han hecho precisamente evitando la plebiscitación de su gobierno, optando por cuerpos colegiados, deliberativos y con mecanismos de rendición de cuentas ante la comunidad, pero no gobernados por ella en votación directa masiva. El caso sinaloense muestra que, sin esos contrapesos institucionales, el sufragio universal puede convertirse en el terreno ideal para el clientelismo político, no en su antídoto.
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