Autonomía universitaria: libertad para pensar o refugio de impunidad
La autonomía universitaria es uno de los conceptos más sacralizados en el discurso de la universidad pública mexicana. Se invoca como escudo cada vez que alguien menciona palabras incómodas: rendición de cuentas, transparencia, participación democrática. Sin embargo, en la práctica, la autonomía se ha ido desplazando de su sentido original —libertad para pensar, investigar y enseñar— hacia algo mucho más pobre: libertad para administrar el poder sin demasiadas preguntas externas.
En teoría, la autonomía implica autogobierno: la capacidad de la universidad para elegir sus autoridades, organizar su vida interna, definir sus planes de estudio y administrar su patrimonio. En la realidad mexicana, ese autogobierno suele descansar en estructuras muy cerradas, donde unos cuantos grupos disputan el control de consejos, rectorías, direcciones y coordinaciones, en procesos que rara vez son ejemplares en términos de deliberación pública, información disponible y competencia equitativa.
En los últimos años, diversos estudios han mostrado cómo la autonomía se ha ido reinterpretando bajo el lenguaje de la “gobernanza”: indicadores de desempeño, métricas de calidad, eficiencia en el uso de recursos. Es decir, los gobiernos universitarios han tenido que aprender a moverse entre dos presiones: por un lado, el régimen de políticas públicas basado en evaluación, financiamiento condicionado y rendición de cuentas; por otro, los intereses internos de grupos académicos, sindicales y estudiantiles.
El resultado es una autonomía esquizofrénica: hacia afuera, se pide respeto absoluto a la vida interna; hacia adentro, se gobierna muchas veces con prácticas poco transparentes, decisiones cupulares y mínima participación real de la comunidad. Desde la filosofía política, podríamos decir que la autonomía se ha convertido en una narrativa legitimadora más que en un espacio real de autogobierno democrático.
Como profesor de derecho, me preocupa esta deriva: una autonomía sin controles internos robustos se convierte en terreno fértil para la opacidad y la captura institucional. Como profesor de economía, veo los incentivos: mientras la rendición de cuentas sea débil, será racional para ciertos grupos usar la autonomía para proteger privilegios, no para proteger las libertades académicas. Y como practicante de mindfulness, me pregunto: ¿qué tan conscientes somos, como comunidad, de las inercias de poder que reproducimos cada vez que normalizamos procesos cerrados y poco participativos?
La autonomía que no se hereda: sobre defender la universidad sin convertirla en instrumento
Hay palabras que envejecen mal cuando dejan de pensarse. «Autonomía» es una de ellas. La repetimos en discursos de toma de protesta, en informes anuales, en oficios y comunicados, y en esa repetición se va vaciando: pasa de ser un principio vivo a ser un adorno retórico. Conviene entonces volver al origen, porque el origen recuerda que la autonomía no fue un regalo del poder, sino una exigencia frente a él.
El movimiento estudiantil de Córdoba, en 1918, no pedía privilegios: pedía que la universidad pudiera gobernarse a sí misma, elegir a sus autoridades, formular sus estatutos y sus programas, y hacer públicos sus actos (Universidad Nacional de Rosario, Reforma de Córdoba, BUAP). Ese último punto suele olvidarse y es decisivo: desde el principio, la autonomía vino acompañada de publicidad. Autogobierno y transparencia nacieron juntos, como hermanos que se vigilan.
En México el camino fue largo y accidentado. La primera autonomía de la Universidad Nacional llegó en 1929, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, plasmada en su primera ley orgánica (Roberto Rodríguez Gómez, UNAM). En 1945, con una nueva ley orgánica, la institución recuperó su carácter nacional, su subsidio regular y su condición de universidad pública y autónoma (UNAM, A 90 años de la autonomía). Y el 9 de junio de 1980, tras un proceso legislativo iniciado en octubre de 1979, la autonomía universitaria alcanzó rango constitucional mediante una adición al artículo tercero (Cámara de Diputados, Marco jurídico de la autonomía universitaria, Seminario de Educación Superior, UNAM). El texto reconoció a las universidades a las que la ley otorgue autonomía «la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas» (Cámara de Diputados).
Detengámonos en esa fórmula, porque es una lección de filosofía jurídica en ocho palabras: facultad y responsabilidad. No hay una sin la otra. Una autonomía que sólo reclama facultades degenera en corporativismo; una autonomía que sólo asume responsabilidades ante el poder político degenera en dependencia administrativa.
La evolución: del enemigo externo al riesgo interno
Durante buena parte del siglo XX, defender la autonomía significaba defender los muros: impedir la entrada de la policía, resistir la imposición de rectores, proteger la libertad de cátedra frente a la ortodoxia oficial. Era una defensa territorial y sigue siendo necesaria.
Pero el poder aprendió. Hoy rara vez asalta la universidad de frente; prefiere rodearla. Y el rodeo tiene formas reconocibles:
El presupuesto como correa. No hace falta derogar la autonomía si se puede administrar su asfixia. Cuando el subsidio se vuelve discrecional, tardío o condicionado a proyectos definidos fuera de la institución, la autonomía formal sobrevive mientras la real se negocia cada ejercicio fiscal. La certeza presupuestal no es un asunto contable: es una condición material de la libertad académica.
La evaluación como tutela. Rendir cuentas es una obligación democrática irrenunciable. Pero cuando los indicadores los define íntegramente una autoridad externa, y de ellos depende el financiamiento, la universidad deja de preguntarse qué debe investigar y empieza a preguntarse qué le será contabilizado. Se cumple la métrica y se pierde el sentido.
La captura interna. Este es el riesgo que menos nos gusta mencionar. La autonomía puede ser invocada por grupos internos —camarillas académicas, estructuras sindicales, redes clientelares, burocracias eternas— para blindarse de toda revisión. Cuando eso ocurre, la palabra que nació para proteger a la comunidad frente al poder se convierte en escudo de un poder privado dentro de la universidad. Es la perversión más eficaz, porque usa el vocabulario de la libertad para practicar la impunidad.
La despolitización del gobierno universitario. Órganos colegiados que sólo ratifican, consultas que no vinculan, elecciones sin deliberación real. La forma se conserva intacta; la vida se ha retirado. Una universidad puede tener todos sus estatutos vigentes y haber dejado de gobernarse.
Cómo se defiende algo que puede volverse su contrario
Si la amenaza ya no es únicamente externa, la defensa no puede ser únicamente defensiva. Sostengo cinco ideas, no como receta administrativa sino como criterio de conducta institucional.
Primera: la autonomía se legitima por su uso, no por su título. Cada acto académico honesto —un concurso de oposición limpio, una investigación incómoda publicada, una tesis defendida sin padrinazgo— renueva el permiso social para ser autónomos. Y cada acto opaco lo hipoteca. Ninguna reforma constitucional protege a una universidad que ha perdido la confianza de su comunidad y de su sociedad.
Segunda: la transparencia es un instrumento de la autonomía, no una amenaza a ella. La universidad que abre sus cuentas, sus nóminas, sus criterios de contratación y sus procesos de decisión no se debilita: se vuelve difícil de chantajear. La opacidad, en cambio, entrega rehenes. Quien conoce lo que se oculta tiene con qué presionar.
Tercera: la autonomía protege funciones, no personas. Su objeto son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, junto con la libertad de cátedra e investigación (texto del artículo tercero, Cámara de Diputados). No protege el cargo del funcionario, ni el privilegio del grupo, ni el error administrativo. Cada vez que se invoca la autonomía para evitar una auditoría o una sanción legítima, se gasta un poco del capital que hará falta el día que la amenaza sea de verdad.
Cuarta: la deliberación es la infraestructura de la autonomía. Autogobernarse es discutir, y discutir requiere pluralidad, información, tiempo y disenso protegido. Una comunidad que no delibera no es autónoma: es administrada. Por eso, el cuidado de los órganos colegiados, de la representación estudiantil real y de la libertad de expresión interna no es un detalle de gobernanza, sino la sustancia misma del principio.
Quinta: la autonomía es contramayoritaria por diseño. Existe precisamente para que el saber no se someta al humor político de cada sexenio ni a la conveniencia de cada mayoría. Esto implica aceptar algo incómodo: la universidad autónoma dirá cosas que incomodan al gobierno que la financia, y también cosas que incomodan a la propia universidad. Si nunca incomoda a nadie, probablemente ya no está ejerciendo su autonomía.
Reflexión Final
La autonomía universitaria no es un patrimonio que se hereda; es una práctica que se sostiene. Se pierde de dos maneras: cuando el poder la invade y cuando nosotros la usamos como coartada. La primera pérdida es visible y produce indignación; la segunda es silenciosa y produce comodidad. La segunda es más peligrosa.
Defenderla, entonces, exige una doble vigilancia: hacia afuera, para que nadie convierta el subsidio o la evaluación en riendas; hacia adentro, para que nadie convierta el autogobierno en feudo. Entre esos dos frentes se decide, todos los días y en cada decisión pequeña, si la universidad seguirá siendo una casa del pensamiento libre o apenas su edificio.
La autonomía se defiende, en última instancia, ejerciéndola bien. No hay otro modo.


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