El termómetro y la fiebre, SEP vs PISA

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Existe un razonamiento que circula con creciente comodidad en el debate educativo mexicano: si nuestros alumnos no salen bien en PISA, entonces PISA está mal; y si nuestro propio modelo de evaluación no arroja malas noticias, entonces nuestro modelo es mejor. El argumento es seductor porque protege. También es, en rigor lógico, insostenible: consiste en romper el termómetro para declarar que la fiebre ha desaparecido.

Conviene nombrar la falacia. Se trata de una inversión del criterio de validez: en lugar de juzgar el instrumento por su capacidad de describir la realidad, se lo juzga por la simpatía del resultado que produce. Bajo esa lógica, el mejor instrumento de medición sería siempre el que nunca reporta un problema, es decir, el que no mide nada. Un sistema que aprende de sí mismo necesita exactamente lo contrario: instrumentos capaces de decirle lo que no quiere oír.

Lo que dice el dato

Los resultados de PISA 2025 no admiten lecturas complacientes. México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, frente a promedios de la OCDE de 463, 461 y 482 respectivamente (La Jornada). En matemáticas y lectura el país descendió siete puntos respecto de 2022, mientras ganó cuatro en ciencias, y se ubicó en los lugares 55, 63 y 56 entre 91 países y economías participantes (Grupo Animal).

El dato más incómodo no es la posición en la tabla, sino la distribución interna: 41.8% de los estudiantes mexicanos se situó por debajo del nivel 2 de competencia —el umbral considerado básico— en las tres áreas evaluadas, y solo 0.5% alcanzó los niveles 5 o 6 en al menos una de ellas (Grupo Animal). En matemáticas, los 388 puntos de 2025 quedaron por debajo de los 419 registrados en 2009: no hablamos de un estancamiento, sino de un retroceso de largo plazo. Entre 2015 y 2025, la proporción de alumnos de bajo rendimiento creció 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho en lectura (La Jornada).

Hay, sin embargo, un hallazgo que merece cuidado antes de convertirlo en coartada: los estudiantes mexicanos reportan más curiosidad (80% frente a 73%), más persistencia ante tareas difíciles (76% frente a 60%) y una valoración del trabajo docente superior al promedio de la OCDE (Grupo Animal). Ese contraste no invalida el diagnóstico: lo agrava. Nos dice que hay disposición al aprendizaje y confianza en el maestro, y que aun así el sistema no logra traducirlas en competencias. El problema no está en la voluntad de quienes enseñan ni de quienes estudian; está en las condiciones estructurales y en los dispositivos de mejora.

Un modelo sin espejo

Frente a este panorama, la política mexicana de evaluación se ha desplazado en una dirección precisa. El Acuerdo 10/09/23 define la evaluación del aprendizaje como la «emisión de un juicio realizado por el Personal docente, basado en el análisis del conjunto de evidencias de todo el proceso de enseñanza aprendizaje», y establece que es el propio docente quien determina la acreditación de un grado o nivel educativo (Diario Oficial de la Federación). La asistencia se registra como insumo para la reflexión, pero no constituye criterio de acreditación. La Suprema Corte validó el acuerdo, incluida la eliminación de la reprobación y la promoción prácticamente automática en ciertos grados (El Cronista).

Hay virtudes reales en este giro. La evaluación formativa recupera el proceso frente al resultado aislado, atiende trayectorias singulares, reduce el estigma de la reprobación y devuelve al maestro un juicio profesional que las políticas anteriores habían burocratizado. Nada de eso es menor y nada de eso debería perderse.

El problema es de arquitectura, no de intención. La misma década que fortaleció la evaluación interna desmanteló la externa. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue extinguido por la reforma de 2019, junto con la cancelación del Servicio Profesional Docente (Ibero Puebla). Su sucesora, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, fue a su vez extinguida por la reforma de simplificación orgánica publicada en diciembre de 2024 (Greenberg Traurig). En el camino, el país dejó de aplicar de forma sostenida evaluaciones nacionales que permitían comparar aprendizajes entre entidades y a lo largo del tiempo (Vanguardia).

El resultado es un sistema que evalúa sin espejo. El docente es a la vez observador, juez y registrador del proceso, sin contraste externo que valide o problematice su juicio, y sin un referente que permita saber si lo que ocurre en un aula de Toluca es equivalente a lo que ocurre en Mérida o en Chihuahua. Esto no supone desconfianza hacia el magisterio: ningún profesional —médico, auditor, juez, académico— opera legítimamente como única instancia de verificación de su propio trabajo. El contraste externo no es una sospecha; es una condición de la objetividad.

La confusión de fondo

Aquí se aclara el equívoco. Evaluación formativa y evaluación externa no compiten: cumplen funciones distintas y ninguna sustituye a la otra. La formativa responde a la pregunta «¿cómo ayudo a este alumno mañana?»; la externa responde a «¿está funcionando el sistema y para quién no está funcionando?». Un país puede y debe tener las dos. Sostener que la primera hace innecesaria a la segunda equivale a afirmar que la bitácora del piloto vuelve prescindible la caja negra.

El costo de esta confusión es silencioso pero severo. Sin comparabilidad, el rezago se vuelve invisible; y lo invisible no se financia, no se prioriza, no se corrige. La desigualdad educativa deja de ser un dato accionable y se convierte en una intuición. La consecuencia es que quienes tenían menos —las escuelas rurales, indígenas, marginadas— pierden el único mecanismo que documentaba públicamente su desventaja y les daba derecho a exigir. La opacidad, contra lo que sugiere el discurso, nunca protege a los más débiles.

Preguntas para el debate

  • ¿Podemos aceptar como válido un juicio evaluativo que carece por diseño de cualquier mecanismo de verificación externa?
  • Si eliminamos la comparación entre sistemas locales, ¿con qué evidencia distribuiremos recursos hacia las escuelas que más los necesitan?
  • ¿Es posible conservar la riqueza pedagógica de la evaluación formativa y, simultáneamente, reconstruir un instrumento nacional muestral, independiente y comparable en el tiempo?
  • ¿Estamos discutiendo la calidad de los instrumentos o estamos administrando la incomodidad que producen sus resultados?

Nota final

Ninguna prueba educa. PISA no enseña a leer y una boleta formativa no enseña a razonar: ambas describen. La pregunta relevante no es cuál instrumento nos trata mejor, sino cuál nos dice la verdad con mayor precisión y a tiempo para actuar. Un sistema educativo maduro no se mide por la benevolencia de sus evaluaciones, sino por su disposición a mirarse en un espejo que no le pertenece.

Fuentes consultadas: resultados PISA 2025 reportados por La Jornada y Grupo Animal; Acuerdo 10/09/23 publicado en el Diario Oficial de la Federación; reforma de extinción de organismos autónomos, Greenberg Traurig.


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