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La urna como puerta: por qué el voto universal puede debilitar la autonomía que promete proteger

Ya platiqué mucho sobre este tema en la entrada: El voto universal en la universidad. En verdad creo que el voto universal para elegir rector no traslada el poder a la comunidad universitaria: lo traslada a quien pueda financiar y organizar una campaña dentro de ella. Y ese casi nunca es el claustro académico.

Un error de categoría…

El argumento a favor del voto universal es intuitivo y noble: si la universidad es de su comunidad, que esta elija. La objeción no está en la nobleza del propósito, sino en la premisa oculta: que la universidad es una república en miniatura y que su legitimidad se produce como la de un gobierno, contando cabezas.

No lo es. La autonomía no fue concebida para replicar la soberanía popular dentro de un campus, sino para proteger funciones —docencia, investigación, difusión de la cultura— y una libertad muy específica, la de cátedra e investigación. Su lógica es contramayoritaria: existe justamente para que el conocimiento no dependa del humor de una mayoría, ni externa ni interna. En el debate sobre la UNAM, el investigador Fernando Castaños lo formuló sin rodeos: elegir al rector por voto universal y directo, como se elige a un presidente, «destruye nuestra identidad» y el carácter que da sustento a la institución; y el profesor Arturo Erdely recordó que la universidad es una institución académica, «no una república chiquita» (La Jornada).

Confundir la democracia electoral con la autonomía académica no amplía la autonomía: la sustituye por otra cosa.

La aritmética que nadie discute en los discursos

Aquí el argumento deja de ser filosófico y se vuelve verificable. En el estudio más citado sobre el tema en México, de 36 universidades públicas autónomas sólo 5 elegían al rector por votación universal, secreta y directa —14 por ciento—, frente a 18 que lo hacían por consejo universitario y 13 por junta de gobierno (Perfiles Educativos, SciELO).

Lo revelador es la composición de ese electorado. En las cinco instituciones, los estudiantes concentraban entre 94 y 98 por ciento del peso de la votación, mientras el personal académico quedaba entre 2 y 6 por ciento; y en cuatro de las cinco, los estudiantes de educación media superior —bachillerato— representaban entre 33 y 60 por ciento de los votantes (Perfiles Educativos, SciELO).

Traduzcamos: en un modelo que se presenta como la máxima expresión de la autonomía, el cuerpo que define qué es la calidad académica —profesores e investigadores— resulta electoralmente irrelevante, y el resultado puede decidirse en las preparatorias. No es un defecto de implementación; es la consecuencia matemática del principio «una persona, un voto» aplicado a una comunidad estructuralmente asimétrica.

A eso se añade un problema de temporalidad. El electorado estudiantil se renueva casi por completo cada tres o cuatro años. La institución, en cambio, decide en horizontes de décadas: plazas, líneas de investigación, bibliotecas, posgrados. Un cuerpo electoral de rotación acelerada difícilmente puede ser el custodio de compromisos de largo plazo, y quien lo corteja tiene incentivos para prometer lo inmediato.

El mecanismo perverso: la campaña como mercado

Una elección universal exige campaña. Y una campaña exige dinero, estructura territorial, operadores, movilización, propaganda. La universidad, por sí sola, no produce esos insumos: los produce la política.

Ahí está la paradoja central. Un mecanismo diseñado para blindar a la universidad frente a la imposición externa acaba construyendo el canal más económico de intervención. Ya no hace falta imponer a un rector desde afuera —gesto visible, costoso, escandaloso—; basta financiar discretamente a un candidato entre varios. El poder externo no viola la autonomía: la usa. Y el resultado será, formalmente, impecable: hubo urnas, hubo votos, hubo mayoría.

Los vicios documentados apuntan en esa dirección. En el análisis del sistema electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero se registra la manipulación política de estudiantes por parte de profesores, con beneficios en calificaciones a cambio de apoyo (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM). En el debate universitario mexicano se han señalado casos en los que, para ganar una elección, se pactan acuerdos e incluso se ofrece dinero por votos (La Jornada). Y desde Michoacán se ha advertido que el voto universal implica una distracción de los fines propios de la institución, tiene el costo de una campaña, admite «métodos fuera de lugar» para conquistar sectores de la comunidad y constituye un riesgo para la gobernabilidad, con confrontación entre grupos por espacios (Cambio de Michoacán). El desgaste institucional y la distracción de meses de campaña son parte del mismo costo (La Jornada).

Ninguno de estos fenómenos es exótico. Son la respuesta racional de actores organizados —grupos académicos, dirigencias sindicales, estructuras estudiantiles, operadores partidistas— a un incentivo nuevo: quien controla votos, controla la rectoría.

La deuda invertida

De aquí se sigue el daño más profundo, y es el que conecta con la naturaleza de la autonomía. Un rector electo por voto universal llega con una deuda, y la deuda no es con un proyecto académico: es con las coaliciones que lo llevaron a la urna. El pago se hace en la moneda disponible: plazas, direcciones, contratos, tolerancias, silencios.

Así, la rendición de cuentas se invierte. En lugar de responder ante criterios académicos verificables, la autoridad responde ante clientelas; y como esa deuda no puede documentarse, exige opacidad. Es el círculo completo: la autonomía invocada para legitimar la elección termina invocada para blindar el reparto. Y una universidad opaca es una universidad chantajeable —precisamente lo contrario de una universidad autónoma.

Lo que sí protege

Nada de esto es un argumento a favor de las designaciones cerradas. Las juntas de gobierno pueden ser endogámicas y las auscultaciones simuladas; hay quienes defienden con razones el contenido democrático del modelo universal y consideran un retroceso sustituirlo por voto ponderado (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM). El punto es otro: la legitimidad universitaria no se resuelve eligiendo mejor al rector, sino limitando lo que el rector puede hacer solo.

De ahí que las respuestas serias apunten a la arquitectura, no a la urna:

• Representación diferenciada: que cada sector elija a los suyos y decida donde su competencia es real, en lugar de fundir todo en un padrón único (La Jornada).
• Ponderación explícita, cuando hay voto directo, para evitar que la asimetría numérica anule al cuerpo académico. Ecuador la impuso por ley: el voto estudiantil para elegir rector equivale a entre 10 y 25 por ciento del total del personal académico con derecho a voto, según el artículo 57 de la LOES (LOES, CES). En México, la UAEMéx adoptó en su Estatuto un «voto universal mediado» con fórmula ponderada —dos votos por el sector estudiantil, uno por el docente y uno por el administrativo— y retiró al rector en funciones de la presidencia de la comisión electoral (ADNoticias). La ponderación atenúa la aritmética, pero no elimina la lógica de campaña.
• Escrutinio de quien decide: publicidad de perfiles y programas, declaración patrimonial y de conflicto de interés para los integrantes del órgano electoral o designador, y excusa obligatoria cuando exista interés (Cambio de Michoacán).
• Contrapesos que hagan barata la alternancia y caro el abuso: consejos con facultades reales de veto presupuestal, contralorías independientes, límites estrictos de mandato.

Cierre

Que el voto universal sea la modalidad menos frecuente y con tendencia a reducirse en México (Perfiles Educativos, SciELO) no lo condena por sí mismo, pero sí obliga a mirar la evidencia antes que el eslogan.

La autonomía no se mide por cuántos votan, sino por cuán poco puede el poder —externo o interno— comprar el resultado. Cuando la elección se convierte en mercado, la urna deja de ser un muro y se vuelve una puerta. La diferencia es que la puerta parece democrática, y por eso resulta más difícil de defender.